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Columnas de Opinión

La guerra civil de 1891: una mirada desde la Universidad de Chile 130 años después

El académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Patricio Aceituno.

El académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Patricio Aceituno.

Ximena Azúa, Profesora Asociada Facso y Ethics - FCFM.

Ximena Azúa, Profesora Asociada Facso y Ethics - FCFM.

Columna de opinión del académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Patricio Aceituno, y la académica de la FACSO y profesora de Ethics, Ximena Azúa.

Cuando se instalan los aires primaverales de septiembre, los recuerdos siempre vuelven a los hechos dolorosos que en 1973 desgarraron nuestro país. A estos recuerdos agregamos otros, que ocurrieron también en un mes de septiembre, al término del cruento conflicto fratricida de 1891. Los extraemos desde las páginas de los Anales de la Universidad de Chile, que por 130 años han guardado mudo testimonio de los castigos que al interior de la Universidad los vencedores impusieron a los vencidos. Lo hacemos con el objetivo de contribuir a la verdad histórica de esos acontecimientos lejanos y como un aporte al rescate la memoria de quienes fueron expulsados de la universidad solo por haber defendido los ideales de un gobierno progresista.

Sólo ocho días separan los aniversarios de la muerte de dos hombres que soñaron un Chile diferente: José Manuel Balmaceda y Salvador Allende. Ambos alcanzaron la máxima investidura gubernamental con programas transformadores para la nación, ambos terminan suicidándose producto de la insostenible oposición política que les imposibilitó llevar adelante sus programas de gobierno, lo que señaló el inicio de feroces persecuciones de sus partidarios.

José Manuel Balmaceda fue un hombre de larga trayectoria política, ministro, diputado, conocía bien los meandros de la política; a los 24 años fue secretario privado de Manuel Montt Torres, cuando éste dejó la presidencia de la República, por ello llama la atención o quizás por la misma razón fue un liberal, que apoyaba la libertad de culto, las garantías individuales, la reforma de la Constitución de 1833 y la restricción a las atribuciones del presidente de la República.

Su llegada a la presidencia fue la cúspide de su carrera política, en la cual, con los impuestos del salitre, inició una gran tarea de desarrollo de la infraestructura pública y mejoramiento de la educación. Esto generó malestar en los sectores conservadores y, por cierto, en el gran capital inglés que explotaba el salitre. El desarrollo de diversas obras viales, entre las cuales el viaducto del Malleco continúa siendo un ícono, así como muchas otras acciones fundacionales, permanecen como mudos testigos de su afán transformador y modernizador de la República. Por otra parte, la creación de instituciones educacionales como el Instituto Pedagógico, la Escuela de Artes y Oficios, y la Escuela Naval (la sede del actual Museo Naval) muestran su preocupación por la educación en un sentido amplio, incluyendo la formación de profesionales en diversos ámbitos que el país requería. Sin embargo, aquello fue truncado por la oposición a su gobierno que, al negarse a aprobar el presupuesto de la Nación, desató la ingobernabilidad en el país. Esta derivó a principios de 1891 en un conflicto armado entre gobiernistas y opositores, que se saldó con el triunfo de estos últimos.

Luego que las fuerzas gobiernistas fueran derrotadas en la batalla de Placilla, el viernes 28 de agosto de 1891, el presidente Balmaceda depuso su cargo en la madrugada del sábado 29, nombrando como Presidente provisorio al general Manuel Baquedano. Más allá de las buenas intenciones expresadas en un bando difundido el día que asumió el cargo, “el Gobierno provisorio espera que el pueblo de Santiago sepa guardar todas las formas del respeto más profundo por el orden público. Los adversarios de ayer deben ser hoy para todo buen chileno más considerados que nunca”, en los tres días que duró su mandato provisorio, Baquedano no hizo gran cosa por detener la ola de saqueos e incendios que afectaron las casas de prominentes balmacedistas (1).

Menos de dos semanas luego de concluido el conflicto, la Junta que asumió el gobierno emitió un decreto ley el 10/09/1891 que en el punto 3 indicaba “Se decreta que han perdido su empleo los Rectores, Profesores y demás empleados que con posterioridad al 1° de enero (de 1891) han aceptado nombramiento para el desempeño de cualquier cargo público, aun cuando éste sea el mismo que ejercían antes” (2). Esta acción señalaría el inicio de una brutal persecución de los partidarios de Balmaceda que se extendió por muchos meses en toda la administración pública.

La Universidad de Chile no se libró del castigo a los vencidos y en su interior éste fue promovido por sus propias autoridades. El odio y rencor acumulados durante la guerra fratricida, que impulsó la persecución al interior de la universidad, quedó patente en el discurso que el 21 de septiembre de ese año pronunció Diego Barros Arana, en su condición de Decano interino de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes, Diego Barros Arana, durante la ceremonia de distribución de premios a estudiantes de la universidad y del Instituto Nacional, en presencia de los integrantes de la Junta de Gobierno. A continuación, un párrafo del mismo (3): “La Dictadura fue la obra exclusiva de la insensatez y de la maldad. Para vergüenza de nuestro progreso y de nuestra antigua moralidad, ese régimen abominable halló colaboradores de diversas jerarquías, halló consejeros que lo alentaron, esbirros que lo sirvieron, y aplaudidores que lo celebraron. Todos los elementos viciados de nuestra sociedad acudieron presuroso a recoger el provecho abundante pero oprobioso de aquel sistema de violencias, de atropellos y de rapiña que antes de mucho se convirtió en un abismo de miserias y crímenes…muchos de vosotros fueron víctimas de aquella horrible y sanguinaria tiranía”.

Las exoneraciones de los partidarios de Balmaceda en la Universidad de Chile se plantearon en el Consejo de Instrucción Pública (CIP). Esta era la máxima instancia de decisión en temas de educación primaria, secundaria y universitaria. Estaba integrado por el Ministro de Instrucción Pública, quien lo presidía, el Rector y el Secretario General de la Universidad, los Decanos de las cinco Facultades de la época, el Rector del Instituto Nacional, tres miembros nombrados por el Presidente de la República y dos miembros elegidos en claustro pleno por la Universidad.

Las destituciones propuestas por el CIP y ratificadas luego por el Gobierno quedaron minuciosamente registradas en las Actas de sus sesiones. La primera de ellas, luego del término de la guerra civil, tuvo lugar el 14 de septiembre de 1891 (4). Fue presidida por el ministro Isidoro Errázuriz y contó con la participación del Rector, José Joaquín Aguirre, de los Decanos de las facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, Uldaricio Prado y de Teología, Miguel Rafael Prado; del Decano interino de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes, Diego Barros Arana; del Rector del Instituto Nacional, Juan Nepomucemo Espejo y de tres consejeros. Todos ellos habían sido nombrados por el presidente Balmaceda antes del inicio de la guerra civil.

En esa sesión se comunicó la reinstalación de Valentín Letelier, férreo opositor del presidente Balmaceda, como integrante del CIP, cargo al cual el mismo presidente lo había sido nombrado en agosto de 1888 (5). Asimismo, en marzo de 1888 había sido elegido para ocupar el cargo de profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas (6), nombramiento que también fue ratificado por el presidente Balmaceda.

Quedó también registrado en el acta de dicha sesión, que, por ausencia del Decano de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes, Francisco Solano Asta-Buruaga y del Secretario General de la Universidad, Adolfo Valderrama, se acordó por unanimidad convocar en su remplazo a las sesiones del Consejo, al miembro docente más antiguo de dicha Facultad, el profesor Diego Barros Arana, y a Gaspar Toro, secretario de la misma para ocupar el cargo de Secretario General. Lo que no quedó registrado en el acta fue que Solano Asta-Buruaga fue conducido a un tribunal militar como reo político (7) y que al término de la guerra la casa del profesor Adolfo Valderrama, médico cirujano y miembro académico de las facultades de Medicina y Farmacia y de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes, fue saqueada e incendiada, perdiéndose su valiosa biblioteca (8).

En el acta de la sesión del 14/09/1891 también consta que la primera acusación provino de parte de Valentín Letelier, quien solicitó la exoneración del Rector del Liceo de Valparaíso, Eduardo de la Barra, ingeniero de la FCFM. Esta propuesta, que fue apoyada por el Rector José Joaquín Aguirre, contó con el respaldo unánime de los integrantes del Consejo. Por lo demás, el decreto ya mencionado facilitaba la purga, ya que para su ejecución no se requería probar la participación de los acusados en alguna acción ilícita. A continuación, Valentín Letelier solicitó la destitución de varios colegas de su Facultad, los profesores Julio Bañados Espinosa, Raimundo Silva Cruz, Manuel Salas Lavaqui, Carlos Llausás y Manuel E. Ballesteros. Por su parte el Decano de la FCFM, Uldaricio Prado, propuso la misma medida para los profesores Ricardo Fernández Frías, Enrique Munizaga y Luis Antonio Vergara.

Julio Bañados Espinosa, uno de los más fieles colaboradores del presidente Balmaceda, había ocupado diversos cargos durante su administración, incluyendo los de ministro del Interior y de Instrucción Pública, en cuyo desempeño le correspondió firmar el decreto supremo de creación del Instituto Pedagógico, en abril de 1889 (9). En la Universidad se desempeñaba como profesor de Derecho Constitucional Positivo, para el cual había sido propuesto por el CIP en sesión del 17/06/1989 (10), siendo nombrado en esa misma fecha integrante del CIP (11). Al término de la guerra se exilió en Francia, volviendo al país tres años más tarde luego de decretarse una amnistía (12).

Raimundo Silva Cruz, abogado, era uno de los integrantes del CIP. En la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas se desempeñaba como profesor de Derecho Constitucional y en 1887 fue nombrado profesor titular de Práctica Forense (13). Manuel Salas Lavaqui, Manuel E. Ballestero y Carlos Llausás, todos abogados, eran miembros docentes de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas. El primero había sido seleccionado en 1887 como profesor de Derecho Natural (14) en tanto que el segundo fue nombrado en 1888 como profesor de Derecho Canónico (15).

Respecto de los profesores de la FCFM cuya exoneración fue aprobada por unanimidad por los integrantes del CIP a propuesta del Decano Uldaricio Prado, cabe señalar lo siguiente. Ricardo Fernández Frías había obtenido en 1863 el título de ingeniero geógrafo y se desempeñaba como miembro docente de la facultad. En abril de 1890 el CIP aprobó una propuesta de la FCFM para que se le otorgara un premio por su obra “Resistencia de Materiales” (16). Luis Antonio Vergara, abogado e hijo del ex – Decano de la FCFM y ex – Rector de la Universidad, José Ignacio Vergara, se desempeñaba como profesor de Economía Política y Derecho Administrativo Aplicado. Por su parte, Enrique Munizaga había sido nombrado en mayo de 1890 como profesor de Algebra Superior (17).

La discusión para resolver la medida de exoneración planteada respecto de los profesores Julio Bañados, Manuel E. Ballesteros, Manuel Salas Lavaqui, Raimundo Silva Cruz y Carlos Llausás quedó documentada en el acta de la sesión del CIP del 28/09/1891 (18). En ella, el Decano interino Diego Barras Arana justificó su apoyo a la medida propuesta concluyendo que “daría en el Consejo su voto en favor de la medida indicada y de cualquiera otra que se propusiera con el mismo fin”. Luego que el Rector J.J. Aguirre indicara que no tenía objeciones para proceder a las votaciones individuales, se acordó por unanimidad de 8 votos la destitución de los profesores Bañados y Salas Lavaqui, y por mayoría de 6 a 2, de los restantes profesores. Se analizó luego la situación del Secretario General de la Universidad, Adolfo Valderrama, y de Consejero Raimundo Silva Cruz. Barros Arana insiste en que hay que aplicar la misma medida que a los anteriores profesores.

Acciones de persecución entre colegas de la FCFM quedaron en evidencia en la sesión del CIP del 05/10/1891. En ella el Decano Uldaricio Prado transmite una consulta que le habían hecho “algunos individuos” de su Facultad sobre si calificaba que se aplicara el decreto de expulsión para el Prof. Román Espech (19). El Consejo concluyó que si aplicaba. A continuación, el CIP resolvió por la unanimidad de sus integrantes presentes, entre los cuales se contaba el Rector José Joaquín Aguirre, el Decano Barros Arana, el Decano Uldaricio Prado y el consejero Valentín Letelier, la destitución de los siguientes profesores de la Facultad de Medicina y Farmacia: Ángel Vásquez, Damián Miquel y Carlos Sazie por “haber aceptado nombramientos de la Dictadura”.

El profesor Ángel Vásquez, un reconocido pionero de las ciencias farmacéuticas en Chile, a su condición de profesor en la Facultad de Medicina y Farmacia sumaba desde 1853 la de miembro académico de la FCFM. Damián Miquel era un antiguo profesor que en 1866 había sido elegido miembro académico de la Facultad en reemplazo de Lorenzo Sazie (20). Carlos Sazie, hijo del primer Decano de la Facultad, Lorenzo Sazie, era miembro docente a cargo del curso de Patología Interna en la especialidad de enfermedades mentales y nerviosas. En la violencia que se desencadenó al término de la guerra civil en contra de los partidarios de Balmaceda, fue incendiado su sanatorio Neuropsiquiátrico, que había fundado en 1884 (21).

Los últimos casos de purga política en la universidad que constan en la actas del CIP se refieren a Julio Pflüger, quien en abril de 1892 fue despojado de su condición de profesor extraordinario (que se ejercía ad honorem) de Geometría Analítica y Trigonometría Esférica en la FCFM “porque aceptó durante la Dictadura un empleo en el Instituto Nacional” (22) y a Francisco R. Martínez, a quien en mayo del mismo año se despojó de su cargo de profesor y Secretario de la Facultad de Medicina y Farmacia (23).

En el ámbito de la educación secundaria la persecución política también fue brutal. Las propuestas del CIP para destituir rectores y profesores de Liceos, todas ellas aprobadas por la Junta de Gobierno y mayoritariamente con el apoyo del Rector del Instituto Nacional Juan Nepomucemo Espejo como integrante del Consejo, se extendieron hasta abril de 1892. De este modo, a la destitución del Rector del Liceo de Valparaíso, Eduardo de la Barra, se sumaron las del Rector del Liceo de San Fernando (sesión del 28/09); del Rector del Liceo de Los Ángeles (sesión del 05/10); de los rectores de los liceos de San Felipe y de Iquique (sesión del 05/10); del Rector y tres profesores del Liceo de Concepción y del Rector del Liceo de Ancud (sesión del 09/11); de los rectores de los liceos de Quillota, Constitución y Cauquenes (sesión del 16/11); de los rectores de los liceos de Puerto Montt, Chillán y Antofagasta (sesión del 04/01/1892); y cuatro profesores de los liceos de Los Ángeles, Ovalle y Puerto Montt (sesión del 18/04/1992).

La historia siempre la escriben los vencedores y en este caso no fue diferente. Así la figura de varios de ellos es recordada en el nombre de instituciones educacionales y organismos y distinciones universitarias. Al respecto, resulta paradojal que uno de los establecimientos de educación pública más tradicional y con mayor reconocimiento, el INBA, creado durante el gobierno de Balmaceda, lleve el nombre de unos de los más activos perseguidores de sus partidarios en la Universidad de Chile y entre los rectores de los liceos del país. Por eso, y aunque hayan transcurrido 130 años, es el momento de reivindicar a los vencidos y reconocer los valiosos aportes que los profesores exonerados de la universidad en 1891 entregaron a nuestra institución y al país.

Al igual que en nuestra historia reciente se hace necesario un permanente trabajo de memoria de nuestra comunidad a fin de reivindicar a aquellos que fueron perseguidos, pues la comunidad universitaria se nutre de la diversidad de pensamiento, del trabajo conjunto, del intercambio de opiniones y de un compromiso irrestricto con los derechos humanos.

Referencias

(1) Rosales, Justo Abel, 1893. Historia de la cárcel política de Santiago. Paris, Imprenta Rochefort.
Disponible en formato digital en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile

(2) Decreto sobre empleados de instrucción superior y secundaria. Pp 140 – 141

(3) Anales de la Universidad de Chile. 1891, tomo 79, Sección 1. Memorias Científicas y Literarias (https://anales.uchile.cl/index.php/ANUC/article/view/20291)

(4) Anales de la Universidad de Chile, 1891. DOI: 10.5354/0717-8883.2015.37371 (https://anales.uchile.cl/index.php/ANUC/article/view/37371)

(5) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 27/08/1888. Anales de la Universidad de Chile, Tomo 74, 2ª sección. DOI: 10.5354/0717-8883.2016.43895

(6) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 12/03/1888. Anales de la Universidad de Chile, Tomo 74, 2ª sección. DOI: 10.5354/0717-8883.2016.43840

(7) Biblioteca del Congreso Nacional (https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Francisco_Solano_Astaburuaga_Cienfuegos)

(8) Biblioteca del Congreso Nacional (https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Adolfo_Valderrama_Sainz_de_la_Pe%C3%B1a)

(9) Instituto Pedagógico (1889 – 1989). Memoria Histórica, Biblioteca Nacional (http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-553831.html)

(10) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 17/06/1889. Anales de la Universidad de Chile, Tomo 76, Sección 2, Serie 1, pp. 165. DOI: 10.5354/0717-8883.2013.27408

(11) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 24/06/1889. Anales de la Universidad de Chile, Tomo 76, Sección 2, Serie 1, pp. 169. DOI: 10.5354/0717-8883.2013.27408

(12) Biblioteca del Congreso Nacional (https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Julio_Ba%C3%B1ados_Espinosa)

(13) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 12/12/1887. Anales de la Universidad de Chile, Tomo 76, Sección 2, pp. 346. DOI: 10.5354/0717-8883.2016.44676

(14) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 07/11/1887. Anales de la Universidad de Chile, Tomo 76, Sección 2, pp. 311. DOI: 10.5354/0717-8883.2016.44675

(15) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 23/07/1888. Anales de la Universidad de Chile, Tomo 74, Sección 2, pp. 198. DOI: 10.5354/0717-8883.2016.43892

(16) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 14/04/1890. Anales de la Universidad de Chile, Tomo 78, Sección 2, pp. 51, DOI: 10.5354/0717-8883.2013.27424

(17) Acta de la sesión del Consejo de la FCFM celebrado el 09/05/1890. Anales de la Universidad de Chile, Tomo 78, Sección 2, pp. 67. DOI: 10.5354/0717-8883.2013.27425

(18) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 28/09/1891. Anales de la Universidad de Chile, 1891. Tomo 80, Sección 2. DOI: 10.5354/0717-8883.2015.37372.

(19) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 05/10/1891. Anales de la Universidad de Chile, 1891. Tomo 80, Sección 2, DOI: 10.5354/0717-8883.2015.37373

(20) Discurso de incorporación de Damian Miquel como miembro académico en la Facultad de Medicina Anales de la Universidad de Chile, 1866, Tomo 28. DOI: 10.5354/0717-8883.2012.20075

(21) Escobar E., 2001. Carlos Sazie Heredia, segundo profesor de neurología y enfermedades mentales en Chile (1852-1921). Rev Chil Neuro-Psiquiat 39(2): 165-166

(22) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 18/04/1892. Anales de la Universidad de Chile, 1892, Tomo 83, Ene – Dic, pp. 61. DOI: 10.5354/0717-8883.2013.26833

(23) Consejo de Instrucción Pública, Acta de la sesión del 16/05/1892. Anales de la Universidad de Chile, 1892, Tomo 83, Ene – Dic, pp. 88 – 89. DOI: 10.5354/0717-8883.2013.26834

Departamento de Geofísica

Miércoles 22 de septiembre de 2021

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